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Politica El Gobierno Nacional anunció el cierre de los Centros de Referencia

05-03-2024

El Gobierno Nacional anunció el cierre de los Centros de Referencia

Son 57 y uno de ellos funciona en Olavarría, en Lamadrid al 3100. La semana pasada despidieron a uno de los dos trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. ATE salió a repudiar.


Este lunes por la tarde, a través de una publicación en la red social X (Twitter) el gobierno nacional anunció el cierre de 57 Centros de Referencia (CDR), uno de los cuales tiene sede en Olavarría.


Se trata de oficinas de gestión del ex Ministerio de Desarrollo Social ubicadas en diferentes puntos del país y creadas “para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales” según se puede leer en la página oficial del Estado argentino.


Sin embargo, la actual administración nacional encabezada por el presidente Javier Milei no cree lo mismo. En el tuit, el Ministerio de Capital Humano los definió como “cajas de la política y aguantaderos militantes”, y agregó que “la medida constituye un ahorro anual de $5.000.000.000”.
 

 

En el posteo manifiesta, además, en base a “la auditoría que está realizando el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre”, que “los mencionados centros recibían escasas consultas por día y en la mayoría de los casos no ejecutaban la resolución del trámite, únicamente derivaban”.


“Además, durante las recorridas que realizó el personal del Ministerio de Capital Humano en pleno horario laboral, se reveló la ausencia de más de la mitad del personal. Evidente ejemplo de burocracia e ineficiencia estatal. Estos 59 centros representaban un gasto de $4.000.000.000 en más de 600 sueldos, $88.000.000 en gastos de alquiler, y $20.000.000 en traslados de 50 autos oficiales” agregaron desde la cartera nacional.


Finalmente, anticiparon que “los CDR serán sustituidos por trámites digitales para ahorrar, modernizar y mejorar la eficiencia del sistema. También se creará una línea (0800-222-3294) para trámites referentes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”.


La semana pasada, uno de los dos trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad que funciona en el CDR Olavarría fue despedido, lo cual derivó en una protesta en la oficina de Lamadrid al 3100. A Sergio Villalba se lo notificó del cese de tareas tras más de 15 años de trabajo. “Esto es una bomba de tiempo” había anticipado a Verte su compañera, Natalia Mengochea.


En diálogo con este medio, Natalia manifestó que aún no fueron notificados formalmente del cierre de los Centros de Referencia. La única información que manejan es la que publicó el gobierno en redes sociales.


En paralelo, el gremio que los nuclea, ATE, se declaró en estado de alerta en todo el país y rechazó el despido de los 600 trabajadores que se desempeñan en los 59 centros.


“Su cierre fue comunicado de manera totalmente informal por la cartera que dirige la ministra Sandra Pettovello vía la red social Twitter” repudió ATE en un comunicado, al tiempo que consideró “inaceptable que se hable de cajas de la política y de ñoquis cuando la mayoría de los trabajadores están precarizados y hasta ponen plata de sus bolsillos para garantizar programas y prestaciones”. Aclaró, además, que existen 57 centros y no 59 como expresó el gobierno.


En rechazo a los dichos de la cartera nacional, el sindicato explicó que “el funcionamiento de los CDR es clave para garantizar políticas públicas que brindan derechos a las mayorías populares y vulnerables. En este esquema las y los trabajadores conforman equipos profesionales y de administrativos que desarrollan desde la contención a familias en situación de vulnerabilidad o que transitan situaciones especiales -como una enfermedad oncológica, la necesidad de audífonos o enfermedad definitivas- hasta trámites vinculados a programas como el Monotributo Social, la tarjeta Alimentar, Capacitaciones y Talleres, entre otros”.


“Con la eliminación de los Centros de Referencia, el Gobierno muestra toda su crueldad porque abandona a millones de personas en todo el país, justamente los sectores sociales más vulnerables de la sociedad. La decisión no tiene nada que ver con achicar gastos, se trata de una política que apunta a la desintegración social”.
 

 

 

 

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