29-06-2024

La Justicia pide explicaciones por el cierre de los Centros de Referencia

El juez federal Osvaldo Recondo intimó a la ministra de Capital Humano a responder en un plazo de cinco días los motivos del cierre de los 59 CDR, uno de los cuales funcionaba en Olavarría.

El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, intimó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a responder en un plazo de cinco días por qué motivos mandó a cerrar los 59 Centros de Referencia (CDR) que su cartera disponía en casi todo el país, la mayoría de los cuales tenían asiento en la provincia de Buenos Aires.

Los CDR eran espacios locales de gestión de trámites que funcionaron en las dos últimas décadas y estaban ubicados en diferentes puntos del país. En el territorio bonaerense estaban básicamente en el interior, para ayudar a la población en gestiones que habitualmente se resuelven en Buenos Aires.

Uno de ellos tenía asiento en Olavarría, sobre la calle Lamadrid entre Necochea y Sargento Cabral. El sorpresivo despido de sus trabajadores, y el posterior cierre de la sede, derivó en reclamos por parte de ellos a los que Verte les dio visibilidad oportunamente.

Entre los trámites que se realizaban en ese espacio estaban la Tarjeta Alimentar, pedir un certificado de discapacidad o los medicamentos de alto costo que entrega la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Sin embargo, la ministra decidió en marzo avanzar con un recorte y cerrarlos, y eso afectó a una veintena de ciudades del interior bonaerense con el despido de decenas de trabajadores.

Ahora, por orden del juez, la ministra tendrá que explicar cuál sería el plan para reemplazar ese instrumento. La resolución de Recondo es en respuesta a un amparo colectivo presentado por las organizaciones sociales del Frente Barrial de la CTA de Los Trabajadores, y podría convertirse, según las expectativas de estas, en una medida cautelar que le ordene revertir el ajuste si Pettovello no cumple con los plazos previstos o no puede explicar de qué forma planea garantizar los derechos afectados.

Según justificó en su momento el Ministerio de Capital Humano, unas 600 personas serían despedidas con el cierre de las 59 oficinas y el ahorro iba a ser de unos 5.000 millones de pesos anuales. (DIB)