Una jueza ordenó clausurar celdas de sanidad de la Unidad 2

La resolución habla de “infraestructura deteriorada”, “sectores inadecuados y sin atención necesaria” en el área de internación. Se desprende de un pedido de la Comisión Provincial por la Memoria.

La justicia dictó una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se abstenga de alojar personas en celdas del sector de sanidad de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica del Servicio Penitenciario Bonaerense.

De acuerdo a la información de la Agencia Andar, se debe a que “no cumplen ningún requisito para un lugar de internación: no cuentan con sanitarios o acceso al agua adecuada, se encuentran deterioradas, muy sucias, sin vidrios, húmedas y con nula atención de personal médico o de enfermería”.

La jueza de Ejecución Silvia Torres hizo lugar al planteo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y requirió también informes sobre obras a desarrollarse en el pabellón 7 de la Unidad, donde persisten condiciones de grave riesgo para las personas alojadas allí.

La resolución surge luego de un informe que la CPM presentó en mayo de este año y en el marco de un habeas corpus colectivo anterior que viene tramitando el organismo por las condiciones en que se encuentran alojadas las personas en distintos sectores de esa cárcel.

El Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Azul también solicitó al Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia de Buenos Aires que informe si existen planes de obras existentes en relación al sector de sanidad de la Unidad 2 de Sierra Chica, e informe la viabilidad económica para repararlo y la realización de obras en relación al pabellón 7 de la dependencia, teniendo en cuenta el peligro existente en relación al estado de las condiciones de la red eléctrica, de gas y el estado de vencimiento de los matafuegos del sector.

En la última presentación realizada a partir de una inspección en el lugar los equipos de la CPM "relevaron la permanencia de personas enfermas en sectores inadecuados y sin atención necesaria".

Del informe se desprende que la infraestructura es “insuficiente y deteriorada” y que “se observa humedad y suciedad”, la mayor parte de las celdas sólo tienen agua fría y algunas ni siquiera tienen agua o baño, de manera tal que las personas allí alojadas dependen de otros que los saquen y acerquen a los sanitarios. Además, faltan los vidrios que son tapados por las personas detenidas con hojas de papel, cartón o frazadas.

En cuanto al pabellón 7 se señaló que los matafuegos estaban vencidos "aún cuando las pericias de arquitectos habían advertido especialmente sobre la precariedad de todo lo vinculado a las conexiones eléctricas, red de gas y el sistema de seguridad contra incendios, lo que convierte al sector en un espacio de riesgo para la integridad de las personas".

A partir de esto es que la jueza Silvia Torres definió como medida cautelar que no se alojen personas en el sector de sanidad en esas celdas donde no pueden higienizarse ni usar los sanitarios falta de ese espacio o de agua y solicitó la información antes mencionada respecto de las obras y planes para ése sector y el pabellón 7.

Fuente: Agencia Andar (agencia de información en derechos humanos de la CPM).