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20-09-2024

Critican decreto nacional que atenta contra la seguridad vial

El ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D'onofrio, consideró que la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional incrementa los riesgos de siniestros viales.

 

En los últimos días, el gobierno de Javier Milei lanzó un decreto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

 

En el mismo, se dispone la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) que establecía la realización de pruebas psicofísicas para las y los conductores profesionales, y la supresión del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) para vehículos de 700 a 3.500 kilos.

 

En ese marco, desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Jorge D’Onofrio, arremetieron contra la administración nacional ante un nuevo ataque a la seguridad vial y la protección de la vida. “La eliminación del LiNTI no reduce ningún costo operativo, solo incrementa los riesgos de siniestros viales”, liquidó D’Onofrio.

 

“Cada día trabajamos por garantizar el cuidado de la vida en los corredores viales y este tipo de medidas que no tienen ningún sustento técnico, administrativo y financiero no hacen más que perjudicar y poner en riesgo a cada vecina y vecino que utiliza las rutas”, agregó el funcionario de Axel Kicillof.

 

Cabe destacar que, la realización del LiNTI le representa al empresario 2 litros de gasoil por mes, es decir $2.750, que permiten conocer a ciencia cierta si un conductor está en condiciones de salud, física y psíquicas de estar tras un volante de un vehículo de gran porte.

 

A su vez, la eliminación del RUTA, que tiene un valor de $292 por mes para el empresariado representa la intervención del Estado para favorecer a empresas de distribución como Mercado Libre que no rendirán cuentas.

 

 

Se llenan la boca diciendo que el Estado no tiene porqué meterse en una negociación entre partes, pero eliminan registros para favorecer a sus aliados. El RUTA se hace directamente entre las Cámaras de Transporte y los empresarios”, detalló el Ministro bonaerense.

 

En ese sentido, D’Onofrio advirtió que la Provincia no se correrá un milímetro en la lucha por la seguridad vial y la protección de la vida en los caminos. Así, detalló que se seguirá exigiendo el RPTC para la circulación de vehículos con carga. “El riesgo al que se somete a cada vecina y vecino es muy alto, vamos a fortalecer los controles para proteger la vida y combatir los siniestros”, cerró el jefe de Transporte bonaerense. 

 

En tanto desde FADEACC (Federación Argentina Empresaria del Transporte de Cargas) también se expresaron al respecto.  “Lo más grave es que esta medida es una trompada a la seguridad vial. Al permitir que la capacitación y el examen psicofísico sean voluntarias, se incrementará la siniestralidad y, por lo tanto, el costo de las pólizas de seguro. Es una actuación inconveniente que sólo vende bien para el sector informal", señaló Roberto Rivero, driector ejecutivo de la entidad. 

 

La Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI)  tiene dos componentes esenciales: el examen psicofísico y la capacitación teórico- práctica de los conductores.

 

La evaluación psicofísica se realiza en cualquier institución de salud habilitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y la capacitación teórico-práctica está a cargo de Formadores de las cámaras empresarias del transporte que integran diferentes Federaciones.

 

Se explicó que en el caso de FADEEAC, por medio de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), los cursos se dictan en 89 Unidades Evaluadoras distribuidas en todo el país, y en la sede de Escobar.

 

FADEEAC hace "un llamado al Gobierno para que enfoque sus esfuerzos en resolver los problemas que realmente afectan los costos del transporte".

 

Finalizan señalando que "en lugar de preocuparse por eliminar la capacitación, cuyo costo representa sólo el 0,3% del salario anual de un chofer, el Ministro debería enfocarse en eliminar la duplicidad de certificaciones cuando un transportista decide colocar/cambiar un tanque de combustible u otros cambios, certificaciones dispuesta por Disposición 1/2022 de la Subsecretaria de Transporte Automotor que arrancan en $250.000 o $300.000 dependiendo de la jurisdicción, el costo de las multas por acarreo -que hoy ascienden a $600.000-, y los exorbitantes aumentos en los peajes de los corredores viales que en lo que va del año tuvieron un incremento de 300% con rutas en pésimo estado".

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