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20-11-2024

Crímenes de la dictadura: la Fiscalía solicitó 11 perpetuas

Fueron 192 casos investigados a lo largo de 30 meses, con inicialmente 51 imputados acusados por delitos aberrantes en Azul, Tandil y en Monte Peloni de Olavarría.

Luego de escuchar los testimonios de más de 200 personas en la mega causa por crímenes de lesa humanidad perpetrados en 13 centros clandestinos de detención de Olavarría, Azul y Tandil, la Fiscalía solicitó 11 perpetuas y penas para otros 24 imputados.


Fueron 192 casos investigados a lo largo de 30 meses, con inicialmente 51 imputados acusados por delitos aberrantes en el centro de la provincia de Buenos Aires.


Se investigaron asesinatos, desapariciones, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos cometidos en comisarías, cárceles y otros espacios clandestinos utilizados durante el terrorismo de Estado.


Se produjeron en la “Quinta de los Méndez”, “La Huerta” y el Ex ISER en Tandil; la estación del ferrocarril donde actualmente funciona el Jardín De Paula en Azul y el predio Monte Peloni, en Olavarría.


Los fiscales Santiago Eyherabide, Eugenia Montero y Julio Darmandrail, tras ocho jornadas de alegatos iniciadas el 6 de septiembre, solicitaron 11 condenas a prisión perpetua, que incluyeron a Osvaldo Héctor Repetto, Martín Carlos Luzuriaga, Luis Ignacio Gómez Centurión, Alejandro Duret y otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos.


Pidieron además 20 penas de entre 3 y 20 años de prisión, ajustadas según la gravedad de los delitos y el nivel de participación de cada acusado.


Finalmente requirieron la absolución de Francisco Oscar Sarmiento, Raúl Omar Carlucho, Norberto Luis Ferreras y Pedro Juan Aguirre, al no encontrarse pruebas suficientes que sustenten las acusaciones en su contra.


El juicio La Huerta, uno de los más extensos en la región, ha expuesto un patrón sistemático de represión destinado a eliminar la militancia política, sindical y estudiantil.


La fiscalía subrayó el uso del miedo y la desinformación como herramientas clave del aparato represivo, coordinado por fuerzas militares, policiales y penitenciarias, con la colaboración de sectores civiles.


Además, se presentaron múltiples pruebas documentales que evidencian las jerarquías y la secuencia de órdenes emanadas, así como la operatividad de los hechos investigados.


En todo momento, los magistrados resaltaron la contundencia y el peso irrefutable de los testimonios presentados.


A lo largo del juicio, 213 testimonios han revelado con crudeza el horror de las torturas, los abusos y las privaciones de libertad que sufrieron las víctimas.


Estas declaraciones han expuesto el impacto devastador de estas prácticas represivas en sus vidas personales y familiares.


Según la fiscalía, los crímenes tuvieron como objetivo principal instaurar el miedo como un mecanismo de control social, empleando la represión sistemática y la manipulación informativa para deslegitimar a los opositores y consolidar el poder del régimen dictatorial.


El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata informó que los alegatos de las querellas comenzarán el viernes 22 de noviembre a las 8.30.


Participarán la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Posteriormente, será el turno de las defensas.


Las audiencias se trasmiten en las sedes de la UNICEN, Aula Magna en Tandil, Centro de Investigación y Postgrado en Azul, Aulas Comunes en Olavarría y desde que comenzaron los alegatos pueden verse mediante la plataforma de “La Retaguardia” en YouTube.


La Fiscalía pidió prisión perpetua para Osvaldo Héctor Repetto, Martín Carlos Luzuriaga, Luis Ignacio Gómez Centurión; Jorge Roberto Casares (unificación con una condena previa), Alejandro Guillermo Duret (unificación con una condena previa).


Misma pena para Román Valdecantos (unificación con una condena previa), Héctor Martínez Salgado, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Cáceres, Daniel Alfredo Ceresoli.


Veinte años de prisión para Juan Manuel Durante; 16 años para Mariano Edgardo Viviani; 14 años para Julio César Tula; 12 años para José Luis Álvarez y Guillermo Prieto y 10 años de prisión para Julio Méndez.


Ocho años y 6 meses de prisión para Horacio Ricardo Barriola y Eduardo Augusto Samyn y Héctor Alberto Mangudo; 8 años para Luis Ernesto Benítez y Néstor Omar Vapore; 6 años y 6 meses de prisión para Jorge Aníbal Tolosa.


Cinco años y 6 meses de prisión para Fernando Ferrer; 5 años para Alberto Joaquín Monge; 4 años y 6 meses para Juan Manuel Miller; 4 años y 4 meses de prisión para José María Bruzzone y Miguel Ángel Buezas.


Cuatro años de prisión para Héctor Rubén Rinaldi; 3 años y 8 meses para Enrique Vitale; 3 años y 4 meses para Pedro Jorge Cinalli.
 

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