La gestión de Wesner rindió la primera lección en el Concejo: cien respuestas y condimento político

La jefa de gabinete Mercedes Landívar se extendió durante casi cinco horas y aportó documentación adicional. Destacó el reordenamiento de las áreas municipales y la implementación de controles que no existían.

La Jefa de Gabinete local presentó el primer informe de gestión ante los concejales, este jueves en el marco de lo que fue la última sesión ordinaria del año. Mercedes Landívar respondió a los interrogantes formulados por los bloques durante más de 4 horas. No ahorró críticas por el estado en el que encontraron las distintas áreas del Municipio en diciembre del año pasado y repasó algunos aspectos que resultan escandalosos.

Señaló que la auditoría que realizaron finalizará con un informe que será de acceso público y reveló que el arreglo del resonador cuesta 750 mil dólares. Al ser consultada sobre el uso y préstamo del Salón Rivadavia para entidades intermedias recordó: “Eso era una toldería” y enfatizó que los espacios públicos estaban “en estado de abandono”. Precisó que el Salón fue reacondicionado y se cede para eventos y explicó que para usar el Teatro Municipal se paga un monto que cubra los gastos.

Landívar respondió de manera agrupada las preguntas y contextualizó la gestión municipal. “Es falso que Olavarría es un municipio autónomo, hace mucho tiempo que ya perdió esa autonomía que supo tener en algún momento”, precisó en relación a la dependencia de la Comuna de los fondos que pueda aportar Nación y Provincia.

Uno de los primeros temas abordados fue las irregularidades detectadas con la actuación del Sindicato de Trabajadores Municipales. “Se manejaban las cosas como si fuera un kiosco y estamos hablando de un sindicato que tiene un ingreso superior a los 92 millones de pesos” , lanzó. La funcionaria informó que se iniciaron varios sumarios y se implementaron controles que no existían respecto, por ejemplo, a las retenciones que se realizan a los empleados por los préstamos.

Asimismo, Landívar consideró que “durante la gestión anterior no se controlaban horarios, no había sistema para marcar el horario, también encontramos personal que tenía horas extras o carga horaria que no cumplían debido a arreglos que determinados empleados tenían con la gestión anterior, como también recategorizaciones, reconocimiento de antigüedad y pases a planta a dedo”.

“Se realizaron sumarios administrativos y se dejó cesante personal por irregularidades en el área de Catastro que utilizaban la información confidencial, como también con empleados de La Máxima y otros vinculados a la desaparición del UTV que patrullaba el Parque Helios Eseverri”, detalló.

A la hora de repasar la situación del transporte público, Landívar señaló que el principal impacto de la desestabilización fue por la quita de aportes del gobierno nacional a través del fondo compensador. “No se podía mantener antes, menos ahora”, dijo y reconoció que “no existe un transporte público que subsista sólo por el ingreso del boleto”.

Sobre la demanda de vivienda, puntualizó que hay 5827 personas anotadas en el Registro de demanda habitacional. Reveló que ha crecido por el contexto e informó que está vigente el Programa Municipal de Viviendas y se finalizaron las industrializadas y las 10 tradicionales.

Landívar refrescó la memoria de los presentes y detalló que las irregularidades cometidas por la gestión Galli con el programa TUVI le costaron al estado municipal 168 millones de pesos. “Siempre dijimos que eran precarias, que eran irregulares, siempre dijimos que era una estafa”, resumió.

En el capítulo de Salud, informó que hay 296 profesionales en el sistema de salud y que fueron cubiertas varias especialidades. Respecto a la posibilidad de comprar un resonador, dijo: “el resonador dejó de funcionar por un descuido que salió 750 mil dólares. Dejó de funcionar en agosto de 2023 y tras presentar fallas recurrentes desde 2021; durante su funcionamiento atendió 2 mil pacientes al año”.

Landívar habló también de la posibilidad que el Círculo Médico de Olavarría firme un convenio con COCEBA y pidió a los concejales opositores que no desinformen diciendo que COCEBA tiene fines de lucro, cuando es claro que se trata de un consorcio “sin fines de lucro”, incluso cuando fue gestionado por Galli durante los últimos 8 años. Aclaró: “quien define con quién convenia la obra social es IOMA y no el Intendente”.

La jefa de gabinete respondió una serie de preguntas relacionadas con la contratación de cooperativas de trabajo por parte del Municipio. Advirtió que creía que eran consultas cargadas de prejuicios y explicó que es la Ley Orgánica de las Municipalidades la que prevé que se pueda apelar a la contratación directa en esos casos, que las consideran “instancias protegidas de producción”.

Dijo que tanto la contratación de la cooperativa Viento en Contra para la gestión del programa Giro como la denominada Manos a la Obra para el cementerio Loma de Paz, permiten un ahorro importante a las arcas municipales.

Respecto al denominado fondo educativo, informó que asciende a 838 millones y adelantó que el estado de ejecución llegará al 80% a fin de año. Detalló el listado de establecimientos afectados a reformas o construcción: Jardines 902, 923 y 927, Escuela Técnica 1, Centro Educativo ex Matadero, Polo recreativo “La Máxima”, Escuelas 4, 18, 76 y 57.

Ante la pregunta sobre la realización de la obra del Colector cloacal norte, Landívar dijo:
“la obra se trunca por un gobierno nacional al que ustedes pertenecen. Sufre el mismo destino que más de mil obras en la Provincia que fueron suspendidas por el gobierno nacional. Confiamos en que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires pueda tomar esta obra en algún momento”.

Y siguió: “llama la atención que concejales que pertenecen a la actual alianza que gobierna pregunten por esta obra, tenemos un ex intendente que es parte de Corredores Viales y que no puede cortar el pasto ni poner la luminaria. Estoy hablando de Ezequiel Galli”.

Indicó que de acuerdo a lo presupuestado, el año próximo se harán las cloacas en el barrio 10 de junio.

Respecto a la obra de remodelación de la Facultad de Ciencias de la Salud, precisó que aún no se retoma porque se está negociando un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y “se está esperando porque es posible que se continúe a través de ese crédito”. Precisó que la Provincia de Buenos Aires “asumirá la finalización de más de 350 obras paralizadas por el gobierno de Milei”.

Respondió también sobre la contaminación de las aguas del arroyo Tapalqué y las
medidas que se adoptaron. Ratificó que había una denuncia penal sobre el tema que data de la gestión anterior e informó que se exige a la empresa Malvinas que lleve un monitoreo sobre el Relleno Sanitario para asegurarse que no haya filtraciones. También, dijo, se le exige a Coopelectric que haga lo propio con la planta depuradora.

Reconoció que parte del problema es la situación de los efluentes de las unidades carcelarias y reveló que se están proyectando obras, algunas de las cuales ya se iniciaron.

Landívar reveló que un informe reciente de la Autoridad del Agua arrojó que las muestras del arroyo están “dentro de los valores esperables para este tipo de curso”.

Tuvo su momento también para repasar lo sucedido en La Máxima, donde según una de las preguntas, hay denuncias de vecinos respecto a la muerte de animales. Negó que existan tales denuncias y detalló el fallecimiento de distintos ejemplares de varias especies durante el año.

Advirtió, sin embargo, que en el predio pasaron “un montón de cosas oscuras, durante mucho tiempo, que nadie advirtió” y agregó: “maltrato animal, empleados sumariados, contrabando de alimentos”. Además reveló que se hacían préstamos de animales que eran del Municipio y que debían estar en La Máxima y se prestaban a productores particulares. “Hay uno que a cambio debía dar alimentos al Ejecutivo y no los dio nunca”, ejemplificó.

Respecto a la política de asistencia alimentaria vigente, Landívar advirtió que se revisó el programa alimentario municipal y recordó las innumerables irregularidades que se detectaron. “No había universo de beneficiarios, no estaba definido el control, el seguimiento ni las auditorías y por eso sucedieron las cosas que sucedieron”.

Advirtió que hay una causa penal en curso por desvío de fondos de la Tarjeta Cabal, que investiga lo realizado por la funcionaria que estaba a cargo.

Detalló que se mantiene vigente la ayuda aunque se redefinieron las políticas con objetivos y evaluación y que hay aproximadamente 20 mil personas asistidas por el Municipio a través de distintos programas.

La funcionaria municipal fue consultada sobre los motivos por los cuáles aún no se utilizan los drones aportados por el Ministerio de Seguridad. Explicó que son de la policía de la Provincia y que para la puesta en aire se requieren 8 pilotos y en Olavarría no hay personal policial capacitado. Landívar aclaró que en caso de ser requeridos para operativos o investigaciones de denuncias, el Ministerio tiene el compromiso de traerlos y hacerlos ejecutar.

Por último Landívar hizo un repaso de gestiones cuando no eran gobierno municipal y destacó: “Estamos dispuestos a escuchar, debatir, a que nos critiquen y nos indiquen que estamos haciendo mal, a que nos propongan, a que nos auditen, nos observen, nos expresen si están viendo que algo se está haciendo mal, no vamos a sostener a personas por el solo hecho de no reconocer, no vamos a no corregir errores por el solo hecho de no dar el brazo a torcer”.