Derogan la emergencia en tierras de pueblos originarios

El gobierno argumentó que la normativa generaba "inseguridad jurídica” y una “grave afectación al derecho de propiedad”. Las respuestas locales de las comunidades.

El presidente Javier Milei derogó el Decreto Nº 805/2021, que extendía la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades originarias en el país, vigente desde 2006.

Según los fundamentos expuestos en el decreto 1083/2024, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, la prolongación de esta emergencia por 18 años generó “inseguridad jurídica” y una “grave afectación al derecho de propiedad” de legítimos dueños, así como al dominio provincial sobre recursos naturales.

El concejal de la UCR Francisco González es un activo militante por los derechos de los pueblos originarios.

Hijo del recordado Víctor Hugo González Catriel, el edil consideró que “este decreto golpea de lleno a los procesos llevados a cabo por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en sus intentos de avance en la regularización de territorios y es un nuevo acto discriminatorio hacia los pueblos originarios”.

“Obviamente, no estoy de acuerdo con los métodos violentos que algunos grupos minúsculos utilizan, los cuales no son representativos de la mayoría de las familias y se utilizan para demonizar y juzgar con una gran cantidad de prejuicios a los pueblos indígenas” planteó.

“No creo en la violencia como forma de manifestarse, considero que el reclamo se diluye cuando aparecen métodos violentos. Pero sí considero que en la mayoría de los casos el reclamo es genuino” reflexionó.

“Nuestros antepasados fueron perseguidos, despojados, discriminados y muchas perversidades más a lo largo de una parte triste de nuestra historia. No obstante esto, se busca a través de la generalización seguir atacando y señalando a una minoría que fue sometida y acallada durante décadas” recordó.

“Esta decisión no escapa a las diferentes medidas que viene empleando este gobierno, deslegitimando cualquier tipo de reclamo. Creo que trabajar en políticas que alienten la unidad de la totalidad del pueblo argentino. Por el contrario, se sigue apostando por la división de nuestra sociedad, sin entender la diversidad y amplitud de nuestra nación” indicó.

Mirta Millán, referente de otro sector de las comunidades originarias en Olavarría, atribuyó esta medida del gobierno nacional a una consecuencia del Rigi, el polémico régimen de promoción de inversiones impulsado por el gobierno nacional.

“Esto da cuenta de que las gestiones anteriores de gobiernos no dieron respuesta y lo que sucede ahora agrava muchísimo la situación, porque en el medio está la situación de ciertos gobernadores que han transado con el gobierno actual para la entrega de territorios y no nos olvidemos que el Congreso votó la ley Rigi. Esto va a provocar la explotación al máximo y en la Argentina no va a quedar un peso” sostuvo.

“Vamos a tener desalojos violentos de las comunidades, porque la gente va a resistir. Nadie quiere salir de su propio hogar, de su propia casa, de su propio territorio, entonces esto va a ser terrible, además forzoso, de comunidades que viven en una extrema pobreza” advirtió.

Millán se mostró esperanzada en que el Congreso trata con la reapertura de las sesiones ordinarias un proyecto en tal sentido presentado por las comunidades originarias: “Se supone que debería tratarse para poder avanzar en esto de las situaciones de conflicto, porque atenta también contra las personerías jurídicas” dijo.

El Gobierno argumentó que la suspensión de desalojos dificultó actividades productivas y recreativas, además de fomentar conflictos territoriales.

La medida se enmarca en el objetivo de garantizar la propiedad privada como “pilar principal” para atraer inversiones y promover el desarrollo del país. También busca resolver “urgentemente los conflictos que han afectado a propietarios desplazados durante casi dos décadas y asegurar la soberanía nacional".

El decreto establece el fin inmediato de la emergencia y la suspensión de desalojos dispuestas por la Ley 26.160 y sus prórrogas, y solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación que evalúe el dictamen correspondiente.