Proponen opciones para el cobro de tasa de explotación de canteras

El dirigente libertario Guillermo Lascano considera que se pueden armar proyectos de participación público-privada para que empresas locales hagan obras públicas y debiten el pago de tasas.

Guillermo Lascano, ex concejal y ex secretario de Desarrollo Económico, salió a plantear alternativas al cobro de la tasa de explotación de canteras (conocida como el “impuesto a la piedra”), luego de que la secretaria de Hacienda del gobierno de Wesner reconociera que por la caída de la actividad minera, las canteras propusieron el pago del tributo “en especies”. La misma funcionaria se encargó de aclarar que eso no está previsto en la normativa y que, por lo tanto, no pueden aceptarlo.

En diálogo con Verte, Lascano consideró que una de las alternativas es la ley nacional de contrato público y privado (Ley 27328) a la cual la Provincia adhirió.

Adelantó que desde el bloque de La Libertad Avanza trabajarán sobre un proyecto de ordenanza que pueda dar un marco normativo local para que se puedan llevar adelante obras en el Partido mediante un sistema que permita a las empresas hacer obras y descontar de sus ganancias lo que correspondería por el pago de tasas.

“Están relacionados con la modalidad de proyectos de participación público-privada (PPP) que se impulsaron en el gobierno de Macri”, explicó.

Si bien reconoce que en ese momento fracasaron, Lascano considera que la situación ahora es diferente, ya que en aquel entonces se registraba una inflación alta y “ahora la inflación está bajando”, indicó.

“Son proyectos realmente viables ahora, porque cuando la inflación es alta el empresario corre riesgos de que lo que cotiza e invierte no lo pueda recuperar”, explicó.

¿Qué tipo de obras se podrían hacer por este sistema? “Sería para impulsar obras que no sean sumamente grandes. En la municipalidad de Villa María en Córdoba, se lanzó un proyecto de estas características y pudieron realizar 300 cuadras de pavimento”, dijo.

“Lo que propongo es armar varios proyectos de estas características que les permita reactivar la obra pública”, marcó Lascano.

“El único inconveniente que tendrá la gestión local es que los recursos no le ingresarán de manera directa y por lo tanto no los podrá usar con la disponibilidad que hace en la actualidad, no van a entrar en la caja diaria”, lanzó y agregó: “El Ejecutivo no podrá destinar parte del impuesto a la piedra a hacer algún evento o entregar un subsidio a los clubes sino que estará destinado a una obra específica que implementará el privado”.

“Van a hacer la obra y las pymes lo van a devengar de tasas futuras”, detalló Lascano acerca del funcionamiento del sistema.

Y advirtió: “A muchos intendentes no les gusta este tipo de mecanismos porque pierden la posibilidad de administrar ese dinero que en Olavarría son 12 mil millones de pesos".

“La obra pública como se conocía anteriormente, ya antes de las elecciones Javier Milei dijo que dejaría de existir. O nos quedamos en la crítica o buscamos herramientas para dar sustento a muchas fuentes de trabajo, sobre todo en Olavarría que principalmente es de producción minera no metalífera”, estimó.

“Creo que en Olavarría tenemos muchos eslabones sueltos, canteras, cementeras, empresas de movimientos de suelo. Hay muchos actores para conectar, tal vez se pueden armar varios proyectos y se pueden elegir algunos”.

“También se puede impulsar un proyecto para el mantenimiento de los caminos rurales mediante una UTE (Unión Transitoria de Empresas) y a lo largo de 15 años debitar lo correspondiente a la tasa”, detalló.

“Eso daría sustento a la actividad y mantendrían su estructura de personal, al tiempo que dejarían obra e inversiones para la Ciudad”, precisó el referente.

“Habría que armar pliegos que estipulen el valor de la obra y de cada uno de los trabajos y las empresas podrían repartirse utilidades según la participación” aclaró Lascano.

Consultado sobre la posibilidad de que al menos se pueda generar un debate de esta propuesta, Lascano estimó que sí aunque aclaró que se trata de una herramienta y después es el Intendente quien decide si es viable o no, si considera que le representa o no un riesgo. “Son ellos los que están ejecutando el presupuesto de Olavarría”, finalizó.